La ministra de Educación y Formación Profesional, Isabel Celaá, sostiene que la enseñanza presencial se ha transformado en un recurso anhelado pero limitado y que "no podemos tolerar que nadie menoscabe la inversión en educación. Lo que verdaderamente asegura el triunfo es un diagnóstico individualizado".
Corcuera, Sinde, Wert... Cuando una normativa pasa a la posteridad por el nombre de su principal impulsor, incluso antes de su aprobación, suele indicar un proceso complicado. Hasta el momento, el desarrollo de la ya denominada ley Celaá sigue esa misma senda. Promovida por Isabel Celaá (Bilbao, 1949), titular de Educación y Formación Profesional, en menos de dos años esta iniciativa se ha visto interrumpida por dos comicios generales y enfrenta enmiendas de totalidad de los principales partidos opositores. ¿Qué otro factor podría entorpecer el avance de la octava ley educativa de la democracia? ¿Una pandemia? También será sometida a esa prueba.
Celaá nos recibe precisamente el día en que vence el plazo para presentar enmiendas parciales al proyecto legislativo aprobado el 3 de marzo en el Consejo de Ministros, que sigue su tramitación en el Congreso durante el estado de alarma. Tras disculparse por no poder saludarnos de forma cercana debido a la distancia física de seguridad impuesta por la crisis sanitaria, la ministra empieza a hablar sobre la necesidad de acelerar las transformaciones que requiere la escuela del futuro.
La pandemia ha evaluado la madurez del sistema educativo español en términos de innovación tecnológica y metodologías que no se limitan al aula tradicional. Salvo excepciones, no estábamos suficientemente preparados para ofrecer una enseñanza remota de calidad. ¿Por qué no se había progresado lo suficiente?
Ningún sistema educativo de nuestro entorno está capacitado para replicar de forma virtual una educación presencial, que es la que verdaderamente iguala al compensar posibles disparidades de origen mediante la interacción entre profesor y alumno. La enseñanza presencial es insustituible. Así de categórico. Ahí es donde se obtiene el mayor valor en términos cognitivos y emocionales. Lo que sí es cierto es que, en un contexto de economías digitalizadas, nos sentíamos extremadamente poderosos como sociedad, y esta pandemia ha evidenciado que no lo éramos tanto, revelando diversas carencias, especialmente en los ámbitos sanitario y educativo. En los últimos años, las comunidades autónomas, los centros educativos y los docentes han ido perfeccionando sus capacidades digitales de manera desigual. La mayoría ha mejorado notablemente, pero tenemos muy claras las necesidades del sistema educativo español, y esta crisis nos ha ayudado a identificarlas mejor y a ser más conscientes de la urgencia de solucionarlas.
¿Cuáles son esas necesidades?
Una modernización integral. Una digitalización que no se entienda únicamente como el uso mecánico de la tecnología, sino que genere cambios cualitativos para facilitar mejores resultados educativos mediante la atención al alumnado en toda su diversidad y la corrección de brechas de cualquier tipo. Esto implica que cada estudiante disponga de un recurso digital personalizado, que cada centro educativo cuente con plataformas lo suficientemente robustas para llegar a todos sus alumnos y una mayor formación del profesorado.
Precisamente, Andreas Schleicher, director de educación en la OCDE y responsable del informe PISA, ha señalado que los profesores españoles deberían esforzarse más para ser parte activa de un futuro educativo donde la enseñanza en línea será fundamental. ¿Comparte esa opinión?
Andreas es amigo, pero no estoy de acuerdo. El profesorado español es magnífico. Ha sido capaz de pasar en 24 horas de la enseñanza presencial a un modelo a distancia, manteniendo siempre el contacto con los alumnos. Su labor, al igual que la de los hogares, es ejemplar. Las comunidades autónomas y el propio ministerio, a través del Intef [Instituto Nacional de Tecnologías Educativas y de Formación del Profesorado], hemos estado formando a los docentes, y aproximadamente la mitad ha desarrollado habilidades para trabajar en línea de manera eficaz, pero la otra mitad aún está en fases iniciales, y ahí es donde debemos redoblar el esfuerzo, sobre todo si en otoño el virus sigue presente y aún no hay ni vacuna ni tratamiento. En ese escenario, cada centro debe tener planes de contingencia para respetar la distancia física de seguridad, lo que permitirá que en cada aula haya cabida para unos 15 alumnos.
Ahí es donde su ministerio propone un modelo mixto de enseñanza presencial y en línea, pero que no parece satisfacer ni a las familias, por cuestiones de conciliación, ni a la comunidad educativa, que reclama más recursos humanos y técnicos.
La rutina se ha convertido en un valor relevante, pero la educación presencial en estos momentos debe estar sujeta a los requisitos sanitarios. Obviamente, esta pandemia también ha evidenciado que la escuela no puede cubrir por completo la labor de conciliación que se le ha exigido de manera implícita o explícita, sino que es una tarea conjunta de la sociedad.
¿Pero si se opta por ese modelo mixto, se prevé una mayor inversión por parte del ministerio?
Es evidente que se contemplará una mayor inversión. En estos momentos estamos identificando, junto a las comunidades autónomas, cuáles son los aspectos que debemos reforzar en el sistema educativo para atender esos planes de contingencia. Si al final no es necesario ponerlos en marcha, igualmente habremos avanzado hacia esa digitalización, que es uno de los principios rectores de nuestro proyecto de ley, junto con el interés superior del menor, una educación para el desarrollo sostenible, la enseñanza personalizada o la modificación del currículo.
¿Cómo debería ser ese nuevo currículo?
El actual es muy enciclopédico, repleto de datos y contenidos. Necesitamos un modelo más competencial, basado en aprendizajes esenciales que no se centren tanto en materias tradicionales, sino en ámbitos, en proyectos alternativos para los que se requieren espacios físicos que permitan una distribución distinta de los alumnos, incluso aulas con un mayor número de estudiantes donde dos o tres docentes puedan trabajar de forma colegiada. Esto facilitaría una enseñanza personalizada que ayude a potenciar el talento de cada alumno.
Esto afectaría al sistema de evaluación tradicional, algo que también es objeto de debate cuando se trata de calificar a los alumnos que se han visto obligados a seguir formándose a distancia...
Exactamente. De hecho, el acuerdo alcanzado con la mayoría de las comunidades autónomas para finalizar el curso 2019/2020 se basa en eso, es decir, en adaptar la materia a los contenidos y aprendizajes esenciales, de modo que se evalúe si el alumno ha superado de manera cualitativa los objetivos generales del currículo y ha desarrollado las destrezas que le permiten promocionar al siguiente curso. Cuando tengamos ese nuevo currículo más centrado en competencias, deberá medirse de otra forma, con una evaluación realizada de manera colegiada por el conjunto de profesores que atienden a cada alumno. Si España tiene una tasa de repetidores tres veces superior a la del resto de países europeos, se debe a un sesgo cultural relacionado con el sistema de evaluación que es necesario corregir.
"La educación presencial es la que realmente iguala", afirma la ministra, "al compensar posibles diferencias de origen mediante la interacción profesor-alumno".
¿En esa nueva evaluación se incluyen las habilidades blandas, como la autonomía, la empatía o la capacidad de trabajar en equipo?
El sistema educativo debe aportar el desarrollo de destrezas tanto cognitivas como emocionales. De hecho, durante los meses de confinamiento, los alumnos han podido desarrollar habilidades emocionales muy importantes para la vida que deberían evaluarse, porque eso también es educación. Mientras se han formado en sus casas, a veces en condiciones difíciles, han adquirido o potenciado cualidades relacionadas con la autodisciplina o la responsabilidad, lo que supone un valor añadido que podrán aprovechar cuando regresen a los centros y beneficiará su proceso educativo.
Antes de la crisis sanitaria, su ministerio contemplaba un plan de incremento del gasto público en educación hasta un mínimo del 5% del PIB, por encima de la inversión media de la UE (4,88%), pero aún lejos de la de países referentes como ejemplos de innovación en el aula, como Finlandia (6,75%) o Suecia (7,05%). ¿Mantendrán ese compromiso del 5% a pesar de la crisis económica que se avecina?
Sí. No podemos superar esta crisis si precisamente afectamos a los más vulnerables o a aquellos sectores que una vez más se han revelado como los más importantes. La educación es la mejor certificación de un país, la base sustentadora del desarrollo presente y futuro, y sin ella no hay ni investigación, que se ha mostrado imprescindible en estos momentos, ni innovación. Durante la pandemia, la educación presencial se ha convertido en un bien deseado pero escaso, y no podemos permitir que nadie socave la inversión en educación. Es una inversión, no un gasto, y no seguiremos la ruta de la crisis de 2008, porque es el antimodelo.
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